MIGRACION
Al menos 1,219 inmigrantes centroamericanos se encuentran recluidos en cárceles mexicanas de 27 estados del país acusados de robo, homicidio, delitos sexuales y contra la salud, portación de armas de fuego, lesiones, trata de personas y lenocinio.
Entre ellos, los guatemaltecos y hondureños concentran el 79% del total, seguidos por salvadoreños con el 13% y el resto se divide entre nicaragüenses, panameños y un caso de Belice, de acuerdo con un informe que presentó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Cdhpj).
Esta asociación de abogados y activistas sociales solicitó, a través de la Ley de Transparencia, cifras y datos a los gobiernos federal y estatales sobre los inmigrantes presos en las diversas cárceles del país, una información que el Estado maneja con discreción y opacidad.
“La mayor preocupación es que a muchos migrantes se les estén fabricando o imputando delitos que en realidad no cometieron”, advirtió Javier Urbano, analista migratorio de la Universidad Iberoamericana, quien fue parte de la investigación.
Tal es el caso de Ángel Amílcar Colón Quevedo, un hondureño de 38 años que en 2009 intentó cruzar a Estados Unidos vía Tijuana para trabajar y ahorrar un poco de dinero para tratar el cáncer de su hijo de siete años, quien finalmente murió a los pocos días de que el padre fue recluido.
Se encontraba en la casa de un traficante de indocumentados cuando ingresó la Policía Federal para llevarse a todos los que ahí se encontraban, incluyendo a Ángel que fue acusado de delincuencia organizada y trasladado al penal federal de máxima seguridad de Nayarit.
Los defensores del Pro Juárez dicen que en el caso de este centroamericano se violaron al menos cinco derechos esenciales a los que México se ha comprometido internacionalmente: el derecho a la integridad personal, a la no discriminación, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la asistencia consular.
“Este informe no pretende afirmar que todas las personas migrantes aquí reportadas con base en la información proporcionada por los distintos gobiernos son inocentes”, detalló. (Fuente: LA OPINION, Gardenia Mendoza Aguilar)