MEXICO
En agosto de 2010, 72 inmigrantes centroamericanos fueron asesinados en el municipio de San Fernando, ubicado en el Estado nororiental de Tamaulipas. En abril de 2011, las autoridades hallaron otros 193 cadáveres en fosas comunes. En ambos casos, se culpó al crimen organizado de las matanzas.
La zona, próxima a la frontera con Estados Unidos, se convirtió en territorio vedado para los cientos de miles de desplazados que tratan de alcanzar suelo americano. Cuatro años después de estos sucesos, la Fiscalía mexicana (PGR) ha reconocido por primera vez que existió complicidad de las fuerzas de seguridad.
Según la información proporcionada el pasado 10 de diciembre al National Security Archive –un instituto de investigación de la Universidad de George Washington-, los agentes municipales de San Fernando recibieron por su trabajo pagos del cártel de los Zetas, una de las organizaciones criminales más sanguinarias en el país que opera en la región.
La PGR hizo públicas las conclusiones después de que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI), un organismo que vela por la transparencia de las instituciones públicas, ordenara entregar los datos de la investigación, cuyos detalles habían estado bajo reserva todo este tiempo.
El IFAI logró obtener la información al argumentar que las masacres constituyeron violaciones a derechos humanos (algo negado por las autoridades) ,según lo establecido en los tratados internacionales ratificados por México y los fallos de la Suprema Corte de Justicia del país.
La Fiscalía indica que los elementos de la policía municipal de San Fernando realizaron “labores de halconeo, interceptación de personas y omisión en su deber en la observancia de delitos cometidos por miembros de la organización criminal de Los Zetas”.
La versión oficial referida hasta la fecha indicaba que las masacres ocurrieron a manos de Los Zetas, pero la información proporcionada ahora por la PGR descubre detalles sobre los policías implicados en los crímenes. La dependencia del Gobierno de Enrique Peña Nieto añade también que algunos agentes fueron detenidos a lo largo de 2010 y 2011 por su participación en los hechos.
El documento incluye el testimonio de uno de ellos: “Sé que los policías y tránsitos de San Fernando ayudan a la organización de Los Zetas, porque en lugar de que cuando detienen a la gente se la lleven al pentágono es decir la cárcel municipal, se los entregan a los zetas (…)”.
En concreto, ASN -fundado en 1985 por periodistas y académicos de Estados Unidos- logró que la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) desclasificara un documento del expediente sobre la matanza de San Fernando, estado de Tamaulipas.
Según esta información, Álvaro Alba Terrazas, uno de los detenidos en los hechos de San Fernando, dijo a los investigadores que policías y agentes de tráfico fueron pagados por entregar prisioneros a los Zetas.
La organización afirmó que los policías municipales participaron en la “ejecución sumaria de 72 migrantes“ en agosto de 2010, así como en “un número incalculable de asesinatos similares que culminaron en el descubrimiento, en abril de 2011, de otros cientos de cuerpos en fosas comunes en la misma parte del estado de Tamaulipas”. (Con datos de El País)