MEXICO
Las audiencias para juzgar a los niños que asesinaron al pequeño Chistopher Raymundo Márquez, de seis años, continuarán los próximos días, mientras la sociedad del Chihuahua debate qué hacer frente a crueles delincuentes que no pasan los 15 años y el show televisivo de Laura Bozzo que aparentemente paga abogados para la madre de la víctima en busca de rating.
Desde diferentes trincheras, abogados, sicólogos, familiares y vecinos solicitan que el caso finque un precedente sobre qué hacer con los chicos que actúan como adultos influidos por un entorno “descompuesto” como el que actualmente viven muchas regiones de México donde se generan “patologías sociales”.
Sólo durante los primeros tres meses de 2015, en Chihuahua se registraron 326 homicidios dolosos y tres secuestros, según el Observatorio Ciudadano.
Entrevistada por medios chihuahuenses, la sicóloga local Nora Muchuca lamentó las consecuencias de la marginación: “Esos niños crecieron entre venta de drogas, refugios de reos, ejecuciones callejeras, picaderos, riñas”, dijo. Sin embargo, consideró que a todos los menores deben juzgarse bajo las mismas reglas.
Hasta ahora, sólo dos de los cinco niños involucrados pueden ser procesados por ser menores de 14 años. La ley de justicia especial para adolescentes infractores del estado de Chihuahua contempla que “todos los adolescentes entre 12 años cumplidos y menores de 14 que se encuentren cumpliendo una medida privativa de libertad, serán liberados de manera inmediata y, si fuera el caso, se sustituirá dicha medida por otras en externamiento”.
En cambio los vecinos piden “máxima pena” contra los menores que, según sus testimonios, ya consumían droga y vandalizaban la colonia antes de que se llevaran a Christopher para “jugar al secuestro”, asfixiarlo, sacarle los ojos, acuchillarlo y enterrarlo cerca de un arroyo.
El abogado Víctor Alonso Tadeo, quien fue destituido como representante de Tania Mora, la madre de Chistopher, cuando Bozzo ofreció apoyo, alertó sobre la intervención del equipo de la conductora que puede “entorpecer” el proceso judicial que debe ser un ejemplo a futuro para los menores infractores o a los padres de éstos. (Con datos de La Opinión)
