Quedarnos en casa. Refugiarnos en donde estemos. Mantener distancia social. Ahora sabemos cómo detener la pandemia de Covid-19. La contención del nuevo coronavirus requiere que actuemos juntos, como una comunidad global. Pero no todos tienen la libertad de tomar estas medidas. Con más de 2,3 millones de personas en prisión, Estados Unidos es el mayor carcelero del mundo. En este extenso y fragmentado gulag, el coronavirus hace estragos; se extiende rápidamente sobre la población carcelaria y traspasa las paredes de la prisión con cada cambio de turno, con la entrada y salida de los guardias y de todo el personal penitenciario.
La ciudad de Nueva York se ha convertido en el epicentro de la pandemia en Estados Unidos. Y la cárcel de la isla de Rikers, la más famosa y tristemente célebre prisión de la ciudad, es un caldo de cultivo. Tanto los que se encuentran recluidos allí, como el personal penitenciario describen una cárcel sucia e insalubre, con pocos suministros de limpieza, prácticamente sin equipos de protección personal y con espacios reducidos, que impiden mantener una distancia segura de los demás. La única área equipada para manejar enfermedades infecciosas está llena. Informes recientes indican que 180 prisioneros, 114 guardias y 23 trabajadores de la salud han dado positivo por Covid-19. No cabe duda de que la cifra real es mucho más alta, debido a la gran carencia de pruebas de diagnóstico, tal como ocurre en casi todo el país.
El Dr. Ross MacDonald, que lidera el equipo médico de la cárcel de Rikers, calificó la situación como “un desastre de salud pública que está ocurriendo ante nuestros ojos”.
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill De Blasio, ordenó una liberación limitada de reclusos de Rikers, algunos mayores de 70 años y otros con enfermedades preexistentes, dos grupos para los que la Covid-19 es especialmente letal. Aun así, quedarían cerca de 5.000 personas en el sistema carcelario de Nueva York, principalmente en Rikers. La sede de Nueva York de la organización Legal Aid Society compiló las tasas de infección por Covid-19 en las cárceles de Nueva York y los hallazgos son duros. Calcularon una tasa de infección del 3,91%, ocho veces mayor que en la ciudad de Nueva York, y más de nueve veces mayor que en la azotada región de Lombardía en Italia.
Tina Luong, abogada de la organización de defensa penal Legal Aid Society, dijo en un comunicado: “Dejen de enviar gente a Rikers y liberen a estos neoyorquinos de inmediato. Cualquier otra medida será insuficiente y llegará demasiado tarde”.
Sin embargo, existe una forma en que los reclusos de Rikers pueden acceder al equipo de protección: el medio The Intercept ha informado que se les ofrece seis dólares la hora junto con el equipo… si aceptan cavar fosas comunes en el cementerio público de la ciudad de Nueva York situado en la isla Hart. La semana pasada, el Dr. Homer Venters, ex director médico del área de salud del Departamento de Correccionales de la ciudad de Nueva York, declaró en una entrevista para Democracy Now!: “La historia de Rikers es la historia de las 5.000 cárceles, prisiones y centros de detención de inmigrantes de todo el país. La principal prioridad es la liberación. Debemos sacar a la gente de estos lugares, particularmente la que corre graves riesgos de salud que pueden llegar a la muerte. Tenemos que asegurarnos de que las personas que todavía están tras las rejas tengan acceso hoy mismo a una atención de nivel hospitalario cuando se enfermen. Tenemos que evitar la tentación de usar el confinamiento como una intervención de salud pública. No lo es”. Pero, justamente, el confinamiento es lo que impuso la Agencia Federal de Prisiones el 1 de abril, enclaustrando a los 176.000 prisioneros federales en sus celdas durante al menos dos semanas.
Aparte de eso, están los centros de detención de inmigrantes. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas tiene retenidas a más de 39.000 personas. El lunes pasado, el Bloque Hispano del Congreso sumó su voz a los más de 3.000 profesionales médicos y muchos grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes en una solicitud para que este servicio libere a la gran mayoría de los detenidos.
John Sandweg, ex director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante el gobierno de Barack Obama, recientemente se explayó en una entrevista para Democracy Now!: “Los centros de detención de inmigrantes son realmente vulnerables ante el brote de una enfermedad contagiosa. Es realmente imposible practicar el distanciamiento social que todos estamos realizando en este momento. Entonces, cuando se observa la población de estos centros de detención y se reconoce que realmente solo un pequeño porcentaje representa una amenaza para la seguridad pública, cuando se reconoce que los procedimientos de inmigración podrían continuar incluso si estas personas no están bajo custodia, y cuando se observa a los miles de oficiales de inmigración, guardias contratados y empleados que tienen que ir a esas instalaciones todos los días, que francamente corren el mismo riesgo [que los retenidos] de contraer Covid-19, por su exposición a los mismos centros, me parece de sentido común decir que debemos reducir drásticamente la población de los centros de detención, debemos liberar a estos individuos”.
El propio Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, sin necesidad de la aprobación del presidente Donald Trump ni de ninguna orden judicial, tiene la autoridad unilateral para liberar a sus prisioneros.
En un exhaustivo informe publicado la semana pasada, la agrupación Prison Policy Initiative enumera la compleja red de centros carcelarios que ahora alberga a 2,3 millones de personas en Estados Unidos: “1.833 prisiones estatales, 110 prisiones federales, 1.772 correccionales penitenciarios juveniles, 3.134 cárceles locales, 218 centros de detención de inmigrantes, 80 cárceles de las naciones indígenas, cárceles militares, centros de compromiso civil, hospitales psiquiátricos estatales y cárceles en los territorios de Estados Unidos”. El informe indica que el 75% de las personas recluidas en las cárceles locales, incluida la de Rikers, no han recibido aún condena, sino que simplemente permanecen encarceladas a la espera del juicio porque no pueden pagar la fianza. La agrupación Prison Policy Initiative también informa que 200.000 personas por semana ingresan al sistema, y una cifra similar sale de él.
Solo se podrá aplanar la curva de la pandemia de Covid-19 mediante una acción colectiva masiva. El presidente Donald Trump, los 50 gobernadores estatales y las autoridades locales deben liberar a la mayor cantidad posible de personas encarceladas, rápidamente. Para ello, todos debemos ejercer presión social. (Amy Goodman es la conductora de Democracy Now)
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