Una investigación del periódico The Guardian revela que, durante el último año, el Gobierno de Biden ha estado trabajando para extender al menos 14 contratos con cárceles para inmigrantes gestionadas por el sector privado de diferentes partes de Estados Unidos y explorando opciones para ampliar la capacidad de detención de dichas cárceles.
Esto se produce a pesar de que, en el pasado, Biden declaró estar en contra de las prisiones con fines de lucro debido a su largo historial de violaciones contra los derechos humanos. (Fuente: Democracy Now)