En Estados Unidos, dos jueces federales, uno del estado de Texas y otro del estado de Nueva York, han bloqueado temporalmente la expulsión de residentes estadounidenses en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley del siglo XVIII que invocó Trump para acelerar la expulsión de inmigrantes a los que acusa de ser miembros de bandas criminales.
Ambos jueces dijeron que todo aquel que sea objeto de deportación tiene derecho a que su caso sea escuchado en los tribunales.
Trump expulsó en marzo a 238 personas de Estados Unidos sin el debido proceso, la gran mayoría de las cuales eran oriundas de Venezuela. Estas personas han desaparecido “de facto” tras ser enviadas al tristemente célebre Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT, de El Salvador.
A pesar de las afirmaciones del Gobierno de Trump de que su objetivo es deportar a “delincuentes violentos”, los datos revelan que el 90% de las personas que fueron deportadas en marzo no tenían antecedentes penales.
En Venezuela, las familias de las personas deportadas se manifestaron frente a una oficina de la ONU en la ciudad de Caracas para pedir la liberación de sus seres queridos.
Mirelis Cacique López: “Quiero pedir, con el corazón en las manos, que nos devuelvan a nuestros hijos. Nosotros los venezolanos somos muy unidos. Nuestra prioridad es nuestra familia. Si nos falta uno, nos falta todo. Y eso es lo único que nosotros necesitamos, que, por favor, nos devuelvan a nuestros hijos”.
El Gobierno de Trump dijo el miércoles que está estudiando una posible “vía legal” para trasladar a ciudadanos estadounidenses al Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador. (Fuente: Democracy Now)
