EL SALVADOR
Veinticuatro días después de ceder el control del Ejecutivo a Salvador Sánchez Cerén, Mauricio Funes Cartagena se empeñó en tomar su siguiente paso en su aún incipiente carrera política, al juramentar al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), a tal grado que desatendió una convocatoria de la Fundación Monseñor Romero, a la que había sido anunciado previamente.
En desatención a la medida cautelar dictada el 29 de mayo por la Sala de lo Constitucional, que admitió una demanda de cinco ciudadanas para impedir su llegada al PARLACEN, Funes atendió puntualmente su cita en la sede central del ente en Ciudad de Guatemala, el cuál días antes de dictada la medida cautelar, esperaba juramentar al ex mandatario.
Sin embargo, las interpretaciones sobre si el ex presidente procedía de forma lícita o no son de todos los sabores y formas, sin faltar los que ven un conflicto entre la Sala de lo Constitucional y el PARLACEN, cuya acta constitutiva fue suscrita por El Salvador.
El abogado constitucionalista Abraham Rodríguez considera que el tratado tiene “inconstitucionalidades” al contemplar en su articulado que puede ser conformado por ex presidentes, ex vicepresidentes y ex designados presidenciales de los países de la región.
El jurista cita el artículo 80 de la Constitución, que establece la necesidad que los diputados al PARLACEN surjan de elecciones populares. En ese sentido desestimó el argumento que los presidentes centroamericanos son también elegidos al organismo.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio Chicas, y el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, han esgrimido este argumento en defensa de la juramentación ya concretizada de Funes.
Rodríguez añade que la Corte Centroamericana (CCJ) “no tiene que ver en este asunto”. Esto, debido a la reciente resolución que esta instancia emitió, en aval de la juramentación de Funes por el PARLACEN.
Funes fue recibido por la presidenta del PARLACEN, la guatemalteca Paula Rodríguez, para que lo nombrara como el nuevo miembro del foro.
El exmandatario aseguró que no cometió ningún tipo de desacato contra la justicia salvadoreña, ya que lo ampara una resolución de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ, institución que tiene jurisdicción sobre el PARLACEN) y que a él como expresidente las leyes centroamericanas lo acogen y le dan el derecho de juramentarse como miembro del PARLACEN. Sin embargo, el exmandatario reconoció que si los magistrados consideran esta juramentación como un desacato entonces deberán proceder como la justicia salvadoreña lo establece.
El expresidente dijo que no ha buscado integrarse al PARLACEN para buscar inmunidad ante cualquier denuncia en su contra y mencionó que su nuevo fuero no es un “refugio”.
El PARLACEN ha sido calificado por muchos analistas como un organismo que sirve nada mas como refugio para los políticos que se han acostumbrado de vivir holgadamente y gozar de inmunidad ya que en su historia no ha producido algo efectivo para el bien del istmo centroamericano y cada país debe pagar los salarios de los miembros.
Costa Rica ha cuestionado el rol de este organismo y es el único país del área que no forma parte del PARLACEN por considerarlo como un ente que no produce beneficios para los pueblos.
El Parlamento Centroamericano lo conforman 120 diputados de la región. Devengan un sueldo arriba de los $4 mil, muy a pesar de que su labor ocurre sin pena ni gloria, y las decisiones que toman no afectan al país que representan.
Expresidentes y ex vicepresidentes de los países que lo integran pasan a formar parte al terminar sus mandatos de gobierno, los demás son administradores de empresas, dentistas, agricultores, ganaderos, entre otros. (Con datos de Contrapunto)
