Los republicanos rechazan plan migratorio de Obama

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INMIGRACION

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde el Partido Republicano cuenta con mayoría de votos, aprobó este jueves 4 de diciembre un proyecto de ley que rechaza la reforma migratoria del presidente Obama. La medida, que salió adelante con 219 votos a favor y 197 en contra, forma parte de una estrategia para bloquear la aplicación de un decreto que concederá permisos a cerca de cinco millones de indocumentados.

El voto en el Congreso carece de efecto, ya que la mayoría demócrata en el Senado no va a ratificarlo. Llega además apenas un día después de que 17 Estados, liderados por el gobernador electo de Texas, denuncien a Obama por lo que consideran un abuso de su poder presidencial. La demanda representa el primer obstáculo a la implementación de estos cambios, que tienen previsto llegar en los próximos meses.

El objetivo de la votación de este jueves, sin consecuencias, sería el de contentar al sector más conservador del partido, la coalición de representantes del Tea Party y principales opositores de las acciones de Obama. A cambio, los conservadores respaldarían los presupuestos para el próximo año fiscal, cuyo voto se celebrará la semana que viene, evitando así el cierre del Gobierno federal con el que habían amenazado.

“A partir del próximo mes de enero estaremos en una posición mucho más fuerte”, aseguró este jueves John Boehner, líder republicano de la Cámara de Representantes, en referencia a las posibilidades de bloquear la ley una vez que tomen posesión las dos mayorías salidas de las elecciones legislativas de noviembre. Esa posición también permitiría acomodar los presupuestos a sus prioridades.

La próxima semana, la Cámara de Representantes votará también los presupuestos para el próximo año fiscal. Los nuevos planes de financiación incluirán recursos para todas las áreas del Gobierno federal, excepto por el Departamento de Seguridad Nacional, del que dependen las normas de inmigración, que solo recibiría fondos para unos meses. Los republicanos quieren negar ese presupuesto porque, según alegan, el programa que desde 2012 cancela las deportaciones de los jóvenes sin papeles conocidos como ‘dreamers’, que será ampliado por la orden ejecutiva de Obama, ha atraído a más indocumentados.

Los republicanos también han utilizado la oleada de menores indocumentados hasta la frontera sur del país, que el pasado verano desbordó todas las estimaciones de la Administración Obama, como justificación para bloquear en los tribunales la orden ejecutiva del presidente que reforma parte del sistema de inmigración de Estados Unidos.

El todavía gobernador de Texas, Rick Perry, acusó a Obama de utilizar la inmigración con motivos políticos. Perry equiparó además las medidas anunciadas hace dos semanas con la colocación de “un letrero con luces de neón en la frontera, asegurando que la gente puede ignorar las leyes”, adentrándose en el país de manera ilegal.

Obama anunció el pasado día 20 de noviembre un decreto por el que cerca de cinco millones de indocumentados podrán recibir permisos de residencia y trabajo temporales para permanecer en EE UU. La medida fue rechazada de inmediato por el Partido Republicano, que considera que Obama ha abusado de su poder presidencial.

“El presidente ha renunciado a su responsabilidad de aplicar fielmente las leyes que aprobó el Congreso y está intentando reescribir las normativas de inmigración, algo para lo que carece de autoridad”, aseguró este martes Greg Abbott, fiscal general de Texas y vencedor en las elecciones a gobernador del Estado el pasado mes de noviembre. Abbott tomará posesión de su cargo en enero.

Su demanda, a la que se han sumado otros 16 Estados, alega que Obama ha violado una de las cláusulas de la Constitución estadounidense, “creada para proteger a los ciudadanos de este tipo desconocimiento de la separación de poderes”. La Casa Blanca respondió este miércoles que “tanto el Congreso como el Tribunal Supremo han dejado claro que el poder federal puede establecer las prioridades cuando se trata de aplicar las leyes de inmigración”. (Con datos de El País)

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