INMIGRACION
En medio de un clima tóxico para la reforma migratoria y arropándose con la Constitución, los republicanos en la Cámara de Representantes aprobaron este miércoles 14 de enero una medida para frenar los alivios migratorios del presidente Barack Obama.
La medida, aprobada 236-191, tiene un futuro incierto en el Senado, donde no reúne los 60 votos necesarios para su aprobación, además de que afronta la amenaza de un veto presidencial.
Al final de un álgido debate, solo diez republicanos se opusieron a la legislación, incluyendo a los congresistas Mario Díaz Balart e Ileana Ros-Lehtinen, ambos de Florida, y los californianos Jeff Denham y David Valadao. Los demócratas que votaron a favor son Brad Ashford, de Nebraska, y Collin Peterson, de Minnesota.
ATAQUES CONTRA OBAMA
Los republicanos cerraron filas en contra de los alivios migratorios anunciados por Obama el pasado 20 de noviembre, acusando al mandatario de violar la Constitución con sus medidas unilaterales.
Según el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, a su bancada no le quedó más alternativa porque Obama “ha ignorado al pueblo, ha ignorado la Constitución, e incluso sus propias palabras” en al menos “22 ocasiones”, en el sentido de que no tenía autoridad legal para emitir esos alivios.
“Con nuestro voto… mantendremos nuestra promesa de proteger y defender la Constitución” del país, afirmó Boehner, arrancando aplausos de su bancada. El legislador republicano por Idaho, Raúl Labrador, instó al Senado a que apruebe la medida y acusó a Obama de haber “provocado esta crisis constitucional”.
Previo al voto definitivo de la legislación, que incluye casi $40,000 millones para el Departamento de Seguridad Nacional hasta septiembre próximo, los republicanos aprobaron cinco enmiendas para frenar los alivios migratorios, sin el apoyo de los demócratas.
La presidenta del Caucus Hispano, Linda Sánchez, dijo que los republicanos deberían sentir “vergüenza” por atacar a “los más vulnerables”, a familias inmigrantes que contribuyen al bienestar del país.
La mayoría de los 26 republicanos que votaron en contra de la enmienda presentada por la republicana Marsha Blackburn para eliminar el programa de “acción diferida” (DACA) de 2012, que ha cobijado a poco más de 600,000 “Dreamers”, fueron los de corte moderado y de estados con alta concentración hispana, como California, Florida, Nevada, y Nueva York.
RUMBO INCIERTO EN EL SENADO
La legislación tiene casi nulas posibilidades de ser aprobada en el Senado, donde ni un demócrata la apoya. No obstante, generó aplausos del senador republicano por Texas, Ted Cruz, opuesto a lo que calificó como una “amnistía ilegal” para los indocumentados.
El voto se ganó la repulsa uniforme de los grupos cívicos y religiosos del movimiento pro-inmigrante, que lanzaron advertencias al Partido Republicano de cara a los comicios presidenciales de 2016.
“Los republicanos tienen que saber que afrontarán un desierto (entre los votantes hispanos) si continúan por este derrotero, porque los cambios demográficos determinan su futuro… no hay cabida para el tipo de animosidad racial que domina en el partido”, dijo a este diario Marshall Fitz, vicepresidente para política migratoria del Centro para el Progreso Estadounidense.
GRUPOS PROINMIGRANTES ATENTOS
Grupos defensores de los inmigrantes se mantienen en vilo por la decisión que emitirá un tribunal federal en Texas sobre el futuro rumbo de los alivios migratorios, mientras preparan planes para proteger sus derechos.
El juez federal Andrew Hanen presidió una audiencia sobre una demanda colectiva de 25 estados, liderada por Texas, para frenar temporalmente los alivios migratorios que anunció el presidente Barack Obama el pasado 20 de noviembre para hasta cinco millones de inmigrantes indocumentados, pero no tomó una decisión.
Ken Paxton, portavoz de la oficina del Procurador General de Texas, cuya oficina está litigando la demanda originalmente presentada por el gobernador de este estado, Greg Abbot, dijo que Hanen no fijó una fecha para una siguiente audiencia y tampoco indicó cuándo decidirá sobre la moción estatal solicitando una orden de restricción contra la orden ejecutiva de Obama.
Los demandantes argumentan que Obama no tiene autoridad legal para emitir los alivios migratorios, y piden que Hanen los frene temporalmente mientras se resuelve el litigio para eliminarlos por completo.
Hanen no dio indicios de qué decidiría ni cuándo, en parte porque el Departamento de Justicia ha pedido más tiempo para preparar su defensa. No obstante, los grupos pro-inmigrantes temen que los indocumentados sean blanco de redadas mientras se resuelve el caso.
“Es importante que toda la comunidad inmigrante, ya sea en California o Alabama, sepa que aún no existe nada en pie para que la gente pueda solicitar los alivios. Eso quiere decir que los agentes de Inmigración pueden seguir arrestando y deportando a la gente, por lo que es crucial que los inmigrantes conozcan sus derechos si se topan con las autoridades migratorias”, explicó a este diario Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC). Su grupo advierte que la suspensión de los alivios migratorios ocasionaría daños a la economía y a la seguridad comunitaria, además de perjudicar las relaciones con la policía.
OBAMA VETARÁ LEGISLACIÓN QUE LIMITE ALIVIOS MIGRATORIOS
El presidente Barack Obama vetará cualquier proyecto de los republicanos en el Congreso que limite la aplicación de las acciones ejecutivas adoptadas por el mandatario sobre inmigración, indicó hoy la Casa Blanca.
“Hemos dejado claro, desde el pasado otoño, que el presidente Obama se opondría a cualquier esfuerzo legislativo que socave las acciones ejecutivas que tomamos para que nuestros sistema migratorio sea más responsable”, dijo Josh Earnest, el portavoz de la Casa Blanca en su rueda de prensa diaria.
Los republicanos, que controlan las dos cámaras del nuevo Congreso, han apuntado su intención de enmendar la propuesta de financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).
Con ella buscan bloquear la entrega de fondos a las agencias encargadas de aplicar las acciones ejecutivas que permitirán que casi cinco millones de inmigrantes indocumentados puedan acceder a un permiso temporal en este país.
“Si se le presenta al presidente con restricciones inaceptables, sus asesores le recomendarían que vetase esta legislación”, agregó un comunicado de la oficina presidencial.