EL SALVADOR
Durante la reunión que el secretario general de la OEA tuvo el jueves con los líderes de la MS-13 y el Barrio 18, estos le presentaron los puntos de negociación que ya han propuesto al gobierno. Entre ellos, el cese de operativos policiales, derogar la ley de proscripción de pandillas y acuartelar a la Fuerza Armada, medidas que Insulza consideró “racionales” y que cree que deben incluirse de inmediato en una negociación.
Tomado de elfaro.net, por José Luis Sanz y Carlos Martínez
El jueves 12 de julio, en el centro penal La Esperanza, al norte de San Salvador, los líderes de las dos principales pandillas que operan en El Salvador leyeron una lista de peticiones a las que consideran “el acuerdo marco” con el que pretenden iniciar una segunda fase de negociaciones con el gobierno.
El documento fue leído ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza; Alan Blackwell, secretario de seguridad multisectorial de la OEA; Ronald Ochaeta, representante de ese organismo en el país; y los mediadores con las pandillas, monseñor Fabio Colindres y el ex diputado Raúl Mijango. Un video difundido en redes sociales por el portal de debates Política Stereo recoge el momento en que los pandilleros leen sus propuestas.
El encuentro celebrado en Mariona marca por muchas razones un antes y un después en el proceso de diálogo entre el Ejecutivo y las dos principales pandillas del país. Por primera vez permitió a los salvadoreños ver a los líderes nacionales de la MS-13 y el Barrio 18 sentados a una misma mesa, a pesar de la guerra que los enfrentra desde los años 90 y las miles de muertes que cada grupo ha causado durante la última década en las filas del otro, y que todavía alimentan el odio mutuo.
Hombres como Borromeo Henríquez “Diablito de Hollywood”, Saúl Antonio Turcios Ángel “el Trece” o Carlos Tiberio Ramírez Valladares “Snayper”, de la MS-13; o Carlos Ernesto Mojica Lechuga “Viejo Lin”, Víctor Antonio García Cerón “Duke” o Carlos Rivas Barahona “Chino tres colas”, del Barrio 18, nunca habían sido vistos juntos. Las imágenes disponibles en internet permiten presenciar sin embargo el clima distendido en el que todos ellos compartieron en el área de visitas familiares del penal de Mariona las horas previas a la reunión con Insulza. Pandilleros que hasta su sorpresivo traslado el pasado 9 de marzo vivían aislados entre sí y del exterior en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca conversaron por horas en privado, sin esposas y sin guardias de seguridad presentes.
El jueves también pudo verse juntos por primera vez en años a “Duke” y al “Viejo Lin”, líderes visibles de las dos facciones -Revolucionarios y Sureños- en los que desde hace seis años está dividido el Barrio 18 en el país. Aunque los dos bandos de la pandilla 18 han dejado de lado sus diferencias para participar en este proceso de negociación y ya han firmado unidos cuatro comunicados, lo cierto es que la división entre ellos permanece. Prueba de ello es que en la reunión con Insulza participaron como representantes de las dos pandillas tres personas: “Diablito”, “Duke” y “Lin”, en ese orden. Los acuerdos que en los últimos meses han tomado las pandillas no tienen dos sino tres pilares.
El primero en intervenir en la reunión privada del jueves 12 fue Borromeo Henríquez “Diablito”, que entregó a Insulza un documento al que bautizó públicamente como “Propuesta de acuerdo marco para la recuperación de la paz social en El Salvador” y que contiene, según explicó a los asistentes, una serie de puntos que según las pandillas deberían formar “la hoja de ruta para la nueva etapa de diálogo” con el gobierno. El líder de la MS-13 aseguró que el pasado 22 de junio ambas pandillas hicieron llegar una copia de ese documento al presidente de la República, Mauricio Funes, y al ministro de Seguridad, David Munguía Payés.
El pandillero pidió formalmente a Insulza que la OEA se comprometiera como verificadora y garante de esta nueva fase del diálogo con el gobierno de El Salvador, y le solicitó que “por la delicadeza de los contenidos de la propuesta”, el documento con su propuesta marco se mantuviera en un ámbito “estrictamente privado”.
Sin embargo en el video difundido por Política Stereo se ve cómo a continuación Víctor García Cerón “Duke” dio lectura uno por uno, por petición de Raúl Mijango, a los puntos de dicha propuesta. En ella las pandillas invitan al Ejecutivo a un diálogo de “características indirectas”, es decir, a través de la intermediación, esta vez sí reconocida oficialmente por el Estado, de “la Iglesia Católica y la sociedad civil, representadas por Fabio Colindres y el señor Raúl Mijango”. Según lo que leyó “Duke”, el documento que las pandillas entregaron hace tres semanas a Funes recoge las “condiciones mínimas” que la MS-13 y el Barrio 18 ponen “para que el proceso (de paz) llegue a buen término”.
Las propuestas de la MS-13 y la 18
La lista de peticiones elaboradas por las pandillas inicia asegurando que ambas organizaciones se comprometen a disminuir “el acontecimiento de hechos delictivos que arrebaten la vida de nuestros miembros, personas civiles y miembros del ejército” y que como “contrapartida” esperan que las autoridades suspendan los operativos policiales en los territorios en los que ellos operan y que la Policía se limite a “prestar seguridad y a intervenir solo en los casos en los que exista flagrancia”.
Solicitan además una serie de modificaciones legales que incluyen la derogación de la Ley de Proscripción de Pandillas, que está en vigor desde septiembre de 2010. Esta ley fue promovida por el presidente Funes y por el entonces ministro de justicia y seguridad pública Manuel Melgar, luego de que un grupo de pandilleros del Barrio 18, de la facción Revolucionaria, liderada por “Duke”, incendiaran un autobús en el que murieron calcinadas 16 personas. La normativa criminaliza la pertenencia a pandillas.
Dentro de las modificaciones legales también se solicita la eliminación de la figura del testigo criteriado, es decir, las personas que colaboran con las autoridades a cambio de obtener beneficios legales como reducciones de pena o el perdón absoluto de sus delitos. Esta figura es el instrumento más usado actualmente por la Fiscalía para conseguir capturar y desarticular a clicas enteras.
Los pandilleros solicitan también la derogación de varios artículos del Código Penal que los excluyen de beneficios carcelarios como la libertad condicional o el traslado a los pabellones de “fase de confianza” donde las medidas de encierro son menos estrictas. En varios de sus artículos, el Código Penal excluye a miembros de organizaciones delictivas de los privilegios en el cumplimiento de las penas de los que goza la población común.
En la lista se demanda también el acuartelamiento de las Fuerzas Armadas, que desde 1996 colabora con labores de seguridad pública. De tener éxito en esta propuesta, esta sería la segunda vez que la milicia cede terreno como resultado de la negociación entre el gobierno y las pandillas: el 4 de abril de este año, los militares que realizaban los registros en las cárceles del país y los que brindaban seguridad desde las torres de vigilancia fueron removidos de sus puestos y sustituidos en sus funciones por personal de seguridad de Centros Penales. Eso ocurrió un mes después de que 30 líderes de pandillas fueran trasladados desde el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca hacia cárceles con regímenes más relajados.
Los pandilleros solicitaron el indulto para todos los prisioneros de la tercera edad y para todos aquellos que padezcan enfermedades terminales. Este es un punto en el que lo solicitado por las pandillas coincide con las propuestas hechas por el ex director de centros penales, Douglas Moreno, quién ya había planteado ambas medidas como una vía para palear el hacinamiento que padece la red de centros penales del país, cuya capacidad ya está superada en más del 300%.
En dos de sus propuestas, las pandillas hacen alusión a los supuestos maltratos de los que son víctimas de parte de las autoridades: solicitan que se detengan las torturas a las que dicen ser sometidos durante los interrogatorios policiales y que se elimine el accionar de grupos de exterminio. Diversas fuentes relacionadas con las pandillas y con organizaciones de derechos humanos han venido insistiendo durante años en la existencia de grupos de exterminio que supuestamente operan de forma clandestina en el país con el propósito de eliminar pandilleros. Además, varios pandilleros han asegurado a El Faro haber sido víctimas de torturas al ser capturados por la Policía y en las penitenciarías.
Las pandillas piden también que se mejoren las condiciones de las cárceles y que se habiliten en ellas actividades productivas, educativas y culturales. En distintas visitas que este periódico ha realizado al interior de varios centros penales ha sido posible constatar que estos no reúnen las condiciones mínimas de espacio, seguridad e higiene.
Se pide también “planes de reinserción social y productiva, becas, créditos productivos, capacitaciones, y oportunidades de trabajo para los activos en situación de libertad y para los familiares de pandilleros recluidos en centros penitenciarios”.
Tras la intervención de Duke, el “Viejo Lin” leyó en voz alta el comunicado de ambas pandillas que minutos después él mismo presentaría a los medios de comunicación. En él se anunciaba un “simbólico desarme parcial” de ambas pandillas y la orden a todos los miembros de la MS-13 y el Barrio 18 en el país de no ejercer violencia contra mujeres.
La respuesta de Insulza
El secretario general de la OEA reaccionó complacido ante las demandas y los anuncios hechos por los líderes de la MS-13 y la 18, y se comprometió en nombre de la Organización de Estados Americanos a apoyar a Colindres y Mijango para que la propuesta de las pandillas “sea urgida, revisada y discutida, y ojalá concretada”.
“Pueden contar con nosotros”, dijo Insulza, que aseguró que iba a aprovechar la reunión de esa misma tarde con el presidente Funes para abordar el contenido del documento. “Creo que las propuestas que ustedes hacen son tremendamente claras”, aplaudió, “y ahora es hora de entrar a una negociación y a una discusión que no puede demorarse mucho, porque estas cosas tienen un ritmo y ese ritmo tiene que cumplirse de manera que nadie pierda la fe en lo que estamos haciendo”.
“Les felicito por las cosas que están (en la propuesta), que se sustentan por sí solas, y también por las que no están”, dijo el funcionario. “No están pidiendo nada que signifique omitir procesos judiciales ni dejar de cumplir castigos. Ustedes están pidiendo cosas de futuro, hacia adelante. (…) Están pidiendo cosas que son racionales en materia de convenios internacionales y también importantes en materia de reformas judiciales y reglamentales, que todas pueden ser discutidas, conversadas por las autoridades.”
Tras las palabras de Insulza, en la reunión participaron Alan Blackwell y un palabrero de la MS-13 que pidió a Insulza su intervención para detener lo que, según él, es una campaña de acoso policial contra familiares de pandilleros y pandilleros retirados. “Últimamente están dando muerte a muchos de nuestros compañeros”, llegó a denunciar, sin recibir respuesta de Insulza o los mediadores. La reunión terminó como había empezado: con una oración guiada por el obispo Fabio Colindres.
