INMIGRACION
Funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), presentaron una demanda el jueves, en que se opusieron a la política que implicó el fin de las deportaciones para los “dreamers” y el otorgamiento de Acción Diferida.
La acción legal, desarrollada en Texas, argumentó que la Administración del presidente Barack Obama ha obligado a los oficiales de ICE a “violar la ley federal y sus juramentos respectivos para protegerla”.
También aseguró que la medida viola la ley de procedimientos administrativos y usurpa los poderes del Congreso en materia migratoria. Diez empleados presentaron la demanda en la corte de distrito del norte de Texas, división Dallas, en contra de la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional Janet Napolitano y el director de ICE, John Morton.
La acción legal estuvo liderada por el presidente del sindicato de ICE, Chris Crane, representado por Kris Kobach, secretario del estado de Kansas y asesor en materia de inmigración, del candidato republicano Mitt Romney.
Acompañando a Crane en el litigio, figuraron los agentes David A. Engle, Anastasia Marie Carroll, Ricardo Diaz, Lorenzo Garza, Felix Luciano, Tre Rebstock, Fernando Silva, Samuel Martin y James Doebler. “Para nosotros es irrelevante quién está en al mando. Cada vez que una agencia intenta utilizar el poder ejecutivo de esta manera, viola los estatutos federales”, aseguró Kobach.
En el documento, de 22 páginas, se especificó que los demandantes “tienen un miedo razonable, basado en las comunicaciones que han recibido, su conocimiento, eventos pasados y fuentes públicas, respecto a que arrestan a un inmigrante o emiten una orden de deportación, serán disciplinados o sufrirán consecuencias adversas en su empleo”.
La disputa legal pone como uno de los ejemplos, un caso en El Paso, Texas, ocurrido el 17 de julio de este año. “Teníamos a un individuo que había asaltado a un miembro de su familia […] uno de nuestros oficiales es herido en el proceso de arrestarlo”, explicó Crane.
“No existe discusión, investigación, los supervisores le dicen a nuestros agentes que no deben emitir una orden de deportación, ni presentar cargos criminales. Lo van a soltar por la directiva del Presidente. Ahí nos dimos cuenta que teníamos un serio problema”.
“Nadie realizó ninguna investigación, nuestros oficiales no fueron interrogados, no hubo memorandos, el inmigrante indocumentado no se cuestionó. La directiva es suéltenlos si son “dreamers” y eso fue lo que se hizo”, dijo.
El presidente del sindicato de ICE, insistió en que con la nueva política del gobierno, están con las manos atadas. “Cuando entramos en contacto con un individuo que se define como un dreamer, tenemos que aceptar que lo que dice es cierto aunque no tenga nada para probar que lo que está expresando es cierto. No tiene que darnos una copia de su diploma de secundaria, su GED. No estamos aplicando la ley, estamos dejando ir a todos”, comentó.
Por su parte, la vocera de ICE, Bárbara González, recalcó que durante el año fiscal 2011 se ha deportado a más de 216,000 criminales, el número más alto en la historia de la agencia y se ha incrementado su remoción del país en un 89%, en comparación con la administración anterior”.
Fuentes al interior de la agencia, insistieron en que el gobierno tiene la autoridad para ejecutar discreción “de una manera en que se cumpla con la ley de inmigración y se de prioridad el desembolso de recursos”.
Este año los “dreamers” presentaron una carta firmada por 96 académicos -expertos en inmigración de prestigiosas universidades-, para aclarar por escrito, que el presidente Barack Obama, tenía la facultad de ofrecerles una medida como la acción diferida. Los jóvenes reclutaron apoyo en universidades como UCLA, Yale, Harvard, Universidad de Miami, Nueva York, Arizona, sólo por nombrar algunas.
Legisladores como el presidente del subcomité de Inmigración, Lamar Smith (R-TX) ya han dado su pleno apoyo a la demanda. “Esta política no sólo daña a los agentes de ICE, sino también a estadounidenses desempleados que tienen que competir con inmigrantes ilegales por los escasos trabajos disponibles”, declaró.
En tanto, grupos pro inmigrantes como CHIRLA la han calificado como “una pérdida de tiempo y una distracción, similar a la cacería de brujas en el siglo XVII”. En tanto, los demandantes, aseguraron que esta fue la única salida que encontraron, frente a una situación que consideraron insostenible. (Fuente: Antonieta Cádiz, LA OPINION)
