INMIGRACION EEUU
El presidente estadounidense, Barack Obama, indicó que quiere lograr la reforma inmigratoria en la primera mitad de este año. Dicho plazo representa una nueva meta para el mandatario, quien había señalado que quería los cambios durante el primer año de su segundo mandato.
“Estoy esperanzado de que esto se logre, y no creo que deba tomar muchos, muchos meses”, dijo Obama en una entrevista con la cadena hispana Telemundo. “Creo que es algo que ciertamente debemos lograr este año, y me gustaría ver si podemos hacerlo pronto, en la primera mitad de este año si es posible”.
Este martes, en un discurso en Las Vegas donde anunció su agenda, el mandatario señaló que “ahora es el momento” de la reforma.
De acuerdo con Obama, hay tres pilares para lograrla: reforzar las leyes de inmigración, proveer un camino hacia la ciudadanía para más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que se encuentran en Estados Unidos y reformar el sistema legal de inmigración.
Su discurso llega un día después de que un grupo bipartidista de ocho senadores estableció su agenda de trabajo en la materia.
Pero existe un punto fundamental en el cual los legisladores y el presidente difieren: mientras que Obama busca “despejar” el camino para obtener la ciudadanía, los congresistas quieren un camino “duro pero justo” y solo después de reforzar la seguridad en la frontera.
El senador Marco Rubio, de Florida, criticó al presidente este martes por no establecer la seguridad fronteriza como una de sus prioridades.
Sin embargo, Obama dijo este jueves -en otra entrevista con la cadena Univisión- que su gobierno ya “ha hecho más por la seguridad en la frontera en los últimos cuatro años que en los anteriores 20”.
“En realidad hemos hecho casi todo lo que los republicanos han pedido desde hace años como una condición para avanzar hacia una reforma de inmigración integral”, dijo. “Queremos asegurarnos de que esta legislación provea un camino real”.
Cuestionado sobre por qué no se había reunido con los republicanos del grupo de trabajo, Obama dijo que si bien está dispuesto, los legisladores tienen un punto de vista distinto de lo que significan los acuerdos bipartidistas. “A menudo sucede que los miembros del Congreso prefieren reunirse entre ellos para crear confianza entre republicanos y demócratas. Quieren apoyo de nosotros, pero a veces quieren algún soporte, y si quieren una reunión pública, si quieren una reunión privada, cualquier cosa necesaria para avanzar, estaremos dispuestos”:
Obama emitió el año pasado una orden ejecutiva de deportación diferida para algunos jóvenes indocumentados. Sin embargo, ahora busca una reforma que cambie toda la legislación.
“No soy un rey”, dijo en la entrevista con Telemundo. “Ya sabes, es mi trabajo como jefe del ejecutivo llevar a cabo esta ley… por eso necesitamos una reforma inmigratoria integral, para asegurarnos de una vez por todas, de forma que sea ratificada por el Congreso, que podamos decir que existe un camino hacia la ciudadanía”. Pero si el Congreso no avala la ley “a tiempo”, Obama pretende enviar su propia ley en la materia. (Fuente: CNN)
Senadores presentan las bases de la reforma
Senadores demócratas y republicanos anunciaron el lunes un pacto sobre una reforma legislativa que incluya una vía, aunque larga y costosa, para la legalización de más de once millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, una verdadera revolución del sistema migratorio con importantes consecuencias demográficas, económicas y políticas.
La iniciativa ha surgido de un grupo de ocho senadores —cuatro demócratas y cuatro republicanos— con gran peso e influencia entre sus respectivos grupos, lo que hace pensar que, después de muchos y fracasados intentos durante varios años, esta vez se trata de una propuesta con considerables posibilidades de éxito, sobre todo en el Senado. Cosa diferente es en la Cámara de Representantes, donde tiene mayor presencia el sector radical del Partido Republicano.
Si este pacto prospera, estaremos ante la más ambiciosa remodelación del modelo migratorio norteamericano en varias décadas, un paso que permitirá surgir de las sombras a millones de familias que viven en la semiclandestinidad y crear un nuevo mecanismo de control fronterizo y de visados para evitar otra acumulación masiva de indocumentados en pocos años más. Pero es un pacto que, para salir adelante, requiere de una serie de difíciles trámites parlamentarios y, sobre todo, de una serie de arriesgadas decisiones políticas que pueden llevar todavía varios meses. El optimismo actual se fundamenta en que, como dijo, Chuck Schumer, uno de los autores de la propuesta, “por primera vez, hay más riesgos políticos en oponerse a la reforma migratoria que en apoyarla”. Schumer pronosticó que podría votarse una ley en la primavera o verano próximo.
El acuerdo alcanzado no anuncia un camino de rosas para los indocumentados. No va a ser tan sencillo como presentarse en la oficina de inmigración de la esquina con un recibo de la luz. Aquellos que residan ilegalmente en EE UU y quieran recibir papeles tendrán que registrarse, demostrar su plazo de estancia, pagar una multa, ponerse al día de los impuestos impagados desde que viven aquí, someterse a varias entrevistas, aprender inglés y estudiar lo esencial de la historia y el sistema político de este país. Cumplidos esos trámites, serán puestos en la cola de las solicitudes legales de visado, con el objeto de no dar ventaja a los ilegales sobre aquellos que siguen el camino marcado de la ley. Durante el tiempo que dure esa tramitación, podrán permanecer en el país, pero no tendrán acceso aún al paro, la seguridad social y los demás beneficios sociales que existen para los norteamericanos.
Se aplicarán tres velocidades distintas en este proceso: una más rápida para los jóvenes que fueron traídos sin papeles por sus padres y que han crecido y estudiado aquí, una intermedia para los trabajadores del campo, esencialmente en la producción de alimentos, y una tercera más lenta para el resto de los inmigrantes.
La legalización está sometida, además, a otras condiciones generales del sistema migratorio. Se reforzará la policía de las fronteras, se les facilitará nuevo equipo y tecnología para cumplir más eficazmente con su función. En la medida en que se vaya certificando que esas medidas de seguridad avanzan, se irán firmando los permisos de residencia a los indocumentados.
Al mismo tiempo, se pondrá en marcha un nuevo método de seguimiento de los visados temporales para que las autoridades puedan asegurarse que nadie se queda posteriormente en el país de forma ilegal. Asimismo, se acelerará la deportación de aquellos a quienes, en el proceso de verificación, se les encuentren antecedentes de delitos graves de carácter criminal. (Con datos de El País)
