MIGRACION
El Gobierno mexicano promulgó oficialmente la nueva Ley de Migración aprobada recientemente en el Congreso y que espera frenar la indefensión que sufren los indocumentados a su paso por el país. El presidente Felipe Calderón aseguró en un acto público, que la ley “corrige lo que está funcionando mal” y “privilegia el respeto y la protección de los derechos humanos”.
Respecto de eso fija la obligatoriedad de los tres niveles de Gobierno (federal, estatal y municipal) de coordinarse y combatir la corrupción entre los agentes migratorios con controles de confianza.
El mandatario destacó la existencia de sanciones contempladas para aquellos responsables migratorios que violen los derechos de los migrantes y la eliminación de disposiciones que propiciaban “la corrupción de los servidores públicos y la extorsión”.
Elimina cárcel
La nueva regulación, de acuerdo con Calderón, “deroga completamente la criminalización del fenómeno migratorio en el país”, al eliminar las penas de cárcel para aquellos migrantes expulsados que reincidieran. Todo ello “para ordenar los flujos migratorios”, apuntó.
México, con unos seis millones de ciudadanos en EE.UU. en situación migratoria irregular, es atravesado cada año por al menos trescientos mil indocumentados, en su mayoría centroamericanos. Una cuarta parte de este número es interceptada y deportada.
Tras la promulgación y la publicación de la ley, el gobierno está obligado en seis meses como plazo máximo a tener un reglamento que haga posibles las promesas del Congreso, que en esencia implica que todos los inmigrantes serán bienvenidos a México, por donde quiera que lleguen.
“Estamos ante una gran posibilidad de cumplir de manera cabal y no queremos que en las reglas operativas se desdoblen trampas para los migrantes”, dijo el senador Francisco Herrera, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur.
La legislación aprobada por el Congreso -que consensuó durante cinco meses con la sociedad civil- precisa que ninguna persona será considerada ilegal por su condición de migrante ni perderá derechos o libertades.
Además, independientemente de su situación migratoria, tendrán derecho a la educación, servicio médico urgente para preservar su vida, al registro civil y la impartición de justicia. La ley migratoria también incluye el concepto de “santuarios migrantes” para los refugios administrados por organizaciones no gubernamentales y despenaliza la contratación de mano de obra migrante.
Uno de los puntos más controversiales que conserva la nueva ley es la posibilidad de que la Policía Federal intervenga mediante solicitud del Instituto Nacional de Migración (INM) para el cumplimiento de sus resoluciones, o si así lo ordena alguna autoridad judicial en algún fallo.
Juan Carlos Calleros, del Centro de Estudios Migratorios del INM, calculó que el primer borrador del reglamento podría estar listo en aproximadamente tres meses para que el Ejecutivo y demás dependencias den su visto bueno.
En tanto, hay aproximadamente 70 artículos que no podrán entrar en operaciones a pesar de la promulgación de la ley; entre ellos, las visas de visitantes, temporales y permanentes, así como las polémicas “transmigrantes” que permitirían la estancia en el país durante seis meses. “Paralelamente al trabajo técnico de las dependencias habrá una mesa de trabajo informal con la sociedad civil”, puntualizó Calleros.
Calderón reconoció que la opacidad del tema migratorio permitió que en México los migrantes fueran objeto de abusos de toda índole (asesinatos, secuestros, robos, violaciones sexuales y asesinatos). “El gobierno mexicano está haciendo lo que durante muchos años hemos pedido a los Estados Unidos: discriminalizar la migración y atender de manera más sensata y más sensible la compleja realidad que vivimos, sobre todo en nuestras fronteras, donde muchas personas llegan a México en busca de oportunidades en el sur, para continuar su paso hacia el norte”. (Con datos de La Opinión)