La gobernadora Spanberger actúa mediante legislación y responde a la intensificada y agresiva aplicación federal de las leyes de inmigración con una orden ejecutiva
La orden ejecutiva de la gobernadora prohíbe el uso de propiedades estatales para facilitar la aplicación federal de las leyes de inmigración y anuncia un sitio web titulado “Conozca sus derechos” dirigido a personas que se encuentren en centros de votación, tribunales, centros de salud y escuelas.
RICHMOND, VA — La gobernadora Abigail Spanberger tomó medidas este 20 de mayo, para fortalecer la seguridad pública, reafirmar la rendición de cuentas de las fuerzas del orden federales y brindar orientación a los virginianos que ocupan cargos públicos, incluidos los trabajadores electorales, el personal de seguridad de los tribunales y el personal de escuelas públicas y hospitales.
Al firmar el Proyecto de Ley de la Cámara 1482, el Proyecto de Ley del Senado 352 y la Orden Ejecutiva 16, la gobernadora Spanberger adopta un enfoque integral para proteger a todos los residentes de Virginia de las amenazas a su seguridad, integridad y derechos legales que plantean las acciones intensificadas y agresivas de aplicación federal de las leyes de inmigración.
Entre enero de 2025 y marzo de 2026, Virginia experimentó un aumento significativo en las detenciones relacionadas con la inmigración. Si bien la administración Trump afirma centrarse en arrestar a delincuentes, solo el 30 por ciento de las personas detenidas en los centros de detención de inmigrantes en Virginia durante ese mismo período de tiempo habían sido condenadas por un delito.
La gobernadora firmó el Proyecto de Ley de la Cámara 1482 y el Proyecto de Ley del Senado 352, los cuales reafirman el compromiso de Virginia con la transparencia y la rendición de cuentas en la aplicación de la ley.
“Los agentes del orden que usan máscaras en las calles estadounidenses socavan las expectativas básicas de rendición de cuentas, siembran miedo y confusión, y erosionan la confianza pública”, declaró la gobernadora Abigail Spanberger. “Los estadounidenses han sido testigos de los horrores que pueden ocurrir cuando agentes federales de aplicación de la ley de inmigración enmascarados incurren en prácticas policiales basadas en el miedo y en un ‘teatro de la aplicación de la ley’ en las calles de Estados Unidos, como ocurrió en Minnesota, donde Renee Good y Alex Pretti fueron asesinados”.
La gobernadora Spanberger continuó: “Con esta ley, Virginia reafirma que la transparencia, la rendición de cuentas y el compromiso de ganarse la confianza del público son requisitos indispensables para hacer cumplir la ley en nuestra Mancomunidad”.
La gobernadora también vetó el Proyecto de Ley de la Cámara 650 y el Proyecto de Ley del Senado 351, los cuales no lograrían su propósito previsto y crearían responsabilidades legales insostenibles para los empleados y los agentes del orden en situaciones de conflicto entre las autoridades federales y estatales. Declaración oficial de veto del Gobernador con respecto al Proyecto de Ley de la Cámara 650 y al Proyecto de Ley del Senado 351:
De conformidad con el Artículo V, Sección 6, de la Constitución de Virginia, veto el Proyecto de Ley de la Cámara 650, el cual crearía una responsabilidad legal ineludible para el personal de seguridad y los agentes del orden público locales al evaluar las actividades federales de control de la inmigración en ciertas áreas protegidas.
Como ex agente del orden público, comparto las preocupaciones de muchos virginianos con respecto a las peligrosas y descontroladas acciones federales de control de la inmigración que hemos presenciado en todo el país. Tomo muy en serio la forma en que estas acciones han erosionado años de confianza forjada por los agentes del orden público dentro de las comunidades a las que sirven.
Reconozco el objetivo y el propósito previsto de este proyecto de ley; sin embargo, en la práctica, esta legislación no lograría las metas propuestas. De hecho, colocaría a los guardias de seguridad —y, en algunos casos, a los agentes del orden público locales— en la posición insostenible de tener que elegir entre infringir la ley estatal o la ley federal, lo cual hace que esta propuesta resulte inviable.
A pesar de estas cuestiones legales, comprendo que algunas personas consideren que la firma de este proyecto de ley enviaría una señal importante: que en Virginia deseamos que las familias inmigrantes puedan realizar sus gestiones personales en los tribunales o en las escuelas sin temor a sufrir acciones migratorias. Valoro esa intención. No obstante, comunicar que las familias inmigrantes están protegidas contra acciones migratorias en lugares donde, en virtud de la ley federal, no lo están, pondría a dichas familias en situación de riesgo.
Propuse una serie de enmiendas con el fin de dotar a esta legislación de viabilidad jurídica y claridad; lamentablemente, dichas enmiendas fueron rechazadas por la Asamblea General.
Espero con interés continuar trabajando con la Asamblea General en torno a este asunto. Asimismo, mi Orden Ejecutiva 16 instruye a las entidades estatales, las instituciones públicas y las agencias de todo el Estado Libre Asociado a elaborar directrices que ayuden a garantizar que las personas que se vean confrontadas por agentes federales de control de la inmigración en dichos lugares cuenten con protocolos claros y se beneficien de las mejores prácticas.
RESTRICCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE INMIGRACIÓN Y CONTROL DE ADUANAS DE EE. UU. EN PROPIEDADES ESTATALES Y ESTABLECIMIENTO DE DIRECTRICES CLARAS PARA LAS COMUNIDADES
La Orden Ejecutiva 16 de la Gobernadora exige al Estado elaborar directrices para orientar a los empleados que deban afrontar situaciones complejas en caso de que agentes federales de inmigración intenten llevar a cabo actividades de control en tribunales, oficinas de los Fiscales del Estado Libre Asociado, centros de votación, centros de salud o escuelas públicas.
Además, la orden del Gobernador instruye al estado a crear un recurso en línea para ayudar a los habitantes de Virginia a comprender sus derechos y denunciar presuntas prácticas legalmente prohibidas por parte de agentes federales.