MEXICO
Cien documentos migratorios temporales serán entregados a miembros de la caravana Paso a Paso hacia la Paz, con el fin de que puedan buscar a sus familiares centroamericanos desaparecidos en su paso en México, informó el jueves el Instituto Nacional de Migración (INM).
Un informe de la agencia Notimex, detalla que por causas humanitarias se trabaja para entregar 200 documentos más en breve para los familiares de migrantes que han solicitado visas y que cuentan con documentación oficial que acreditan su nacionalidad.
Los integrantes de la caravana, que salió el 24 de julio de Guatemala y que sigue la ruta que recorren los migrantes a su paso hacia a Estados Unidos, provienen de El Salvador, Honduras, Guatemala y México principalmente, así como algunos ciudadanos de Nicaragua.
El organismo recordó que desde el inicio de la caravana, encabezada por el sacerdote Alejandro Solalinde, el contingente ha contado con el acompañamiento y auxilio de oficiales del Grupo Beta de Protección a Migrantes del INM, quienes les han proporcionado agua y asistencia médica.
De igual forma las autoridades migratorias permanecen en contacto con el contingente de centroamericanos a fin de conocer sus inquietudes y auxiliarlos ante incidentes que pudieran presentarse.
La recién aprobada Ley de Migración contempla una identificación para los migrantes que cruzan por México. Su artículo 42 establece que se “podrá autorizar el ingreso de extranjeros que soliciten el reconocimiento de la condición de refugiado, asilo político, determinación de apátrida, o por causas de fuerza mayor o por razones humanitarias”.
Ello sin cumplir con alguno de los requisitos establecidos en el Artículo 37 de esta ley, entre los que destaca contar con pasaporte o documento de identidad.
Unos 250,000 inmigrantes cruzan México anualmente, y la mayoría son centroamericanos, muchos de los cuales son víctimas de autoridades corruptas y del crimen organizado. En 2010 fueron secuestrados más de 11,000 migrantes en México, según el Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en México, presentado en febrero pasado por la CNDH, que detalló que funcionarios municipales, estatales y federales han participado en estos delitos.