La humanidad se enfrenta a la peor pandemia en un siglo y se ve obligada a participar en una carrera colectiva sin precedentes por encontrar una cura. Bajo la articulación de la Organización Mundial de la Salud, el desarrollo de vacunas avanza sustentado en una vasta colaboración global. Sin embargo, Estados Unidos está notablemente ausente. En este país, el presidente Donald Trump tiene la intención de lanzar una vacuna antes de las elecciones presidenciales de noviembre, colocando su ansia de poder por encima de las urgentes demandas de la salud pública. Millones de estadounidenses podrían resultar perjudicados si Trump fuerza el lanzamiento de una vacuna antes de que se demuestre que es segura y eficaz.
El contagio del coronavirus afecta de manera desproporcionada a las comunidades afroestadounidenses, latinas e indígenas, exponiendo las desigualdades de larga data y el racismo sistémico en el sistema de salud del país. A pesar de esto, las comunidades de color en Estados Unidos han estado subrepresentadas en los ensayos clínicos de posibles vacunas contra la COVID-19.
Siglos de trato abusivo a manos de investigadores médicos han dejado a las personas de color, con razón, escépticas respecto al proceso experimental. Todo el mundo quiere una cura para la COVID-19 y volver de a poco a la vida tal como la conocíamos. Pero el camino a seguir debe ser inclusivo, ético e inequívocamente libre del racismo y la violencia política de Donald Trump.
El abuso más notorio hacia los afroestadounidenses a manos del sistema médico fue el llamado “Experimento Tuskegee sobre sífilis”. En 1932, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos reclutó a cuatrocientos hombres afroestadounidenses con sífilis para estudiar cómo era la progresión de la enfermedad cuando se dejaba sin tratamiento. Los sujetos reclutados recibieron placebos sin utilidad para tratar la enfermedad y fueron analizados durante décadas a medida que empeoraban sus síntomas, a pesar de que la penicilina fue identificada como un tratamiento confiable en 1945. La sífilis puede causar desfiguración, demencia, ceguera, dolor crónico extremo y la muerte. Las reiteradas preocupaciones esgrimidas en relación con el nada ético estudio fueron ignoradas, hasta que cuarenta años después de su inicio, en 1972, un investigador médico filtró detalles del experimento a la prensa y se logró finalmente su clausura.
En una entrevista para Democracy Now!, Harriet Washington, autora del libro Medical Apartheid: The Dark History of Medical Experimentation on Black Americans from Colonial Times to the Present (Apartheid médico: la oscura historia de la experimentación con negros estadounidenses de la época de la colonia al presente), expresó: “Es importante entender que había una actitud científica sesgada, a la que podemos llamar ‘racismo científico’. Esta [teoría] postulaba que los negros eran muy, muy diferentes a los blancos, médica y biológicamente. Esto brindó un fundamento no solo para la institución de la esclavitud (la esclavitud probablemente no podría haber persistido sin esta base médica), sino también para el uso de personas negras en la investigación”.
Harriet Washington describe en el libro el experimento de Tuskegee y sus antecedentes históricos; cómo los afroestadounidenses esclavizados, mientras soportaban trabajos forzados, violencia, desnutrición y agotamiento, también fueron sometidos a experimentación médica. Las mujeres esclavizadas sufrieron dolorosos experimentos ginecológicos a manos del Dr. J. Marion Sims, considerado el “padre de la ginecología”. La ciudad de Nueva York finalmente retiró una estatua de Sims del Central Park en 2018. Tras la emancipación, los afroestadounidenses siguieron viéndose obligados a ser parte de estudios médicos, a menudo siendo forzados a participar mientras estaban encarcelados.
La desconfianza hacia las investigaciones médicas creció en la comunidad afroestadounidense después de que se revelara que una línea celular utilizada durante décadas en todo el mundo para la investigación, las llamadas células HeLa, en realidad se tomaron de una paciente afroestadounidense con cáncer llamada Henrietta Lacks, sin conocimiento de ella ni de su familia.
Los afroestadounidenses tienen al menos 2,4 veces más probabilidades que los blancos de morir por COVID-19 y representan al menos el 21% de las muertes por COVID en Estados Unidos. Sin embargo, constituyen solamente el 13% de la población estadounidense, según un estudio de la organización The Covid Tracking Project. Latinos, indígenas estadounidenses e indígenas de Alaska tienen 1,5 veces más probabilidades de morir a causa de la enfermedad que los blancos. En una edición reciente de la revista médica New England Journal of Medicine, un grupo de investigadores escribió: “Mientras nos esforzamos por superar las causas sociales y estructurales de las disparidades en la atención médica, debemos reconocer la subrepresentación de las minorías étnicas en los ensayos clínicos de COVID-19”.
El presidente Trump ha manejado manifiestamente mal la respuesta federal a la pandemia y ha mentido al respecto. Las conversaciones grabadas entre el periodista Bob Woodward y el presidente revelan que Trump había sido informado sobre la gravedad de la pandemia ya para el 7 de febrero, pero decidió restarle importancia a la crisis en declaraciones públicas. En su lugar, realizó incontables mítines para su campaña de reelección en todo el país y no declaró la emergencia nacional hasta el 13 de marzo. Investigadores de la Universidad de Columbia informaron en mayo que más del 80% de las muertes y contagios de COVID-19 en Estados Unidos podrían haberse evitado si el distanciamiento social y otras medidas de control se hubieran implementado solo dos semanas antes.
En medio de una pandemia histórica, una gran recesión que devasta a la clase trabajadora mientras aumenta la riqueza de la clase inversora, con movilizaciones masivas sin precedentes contra el racismo y la brutalidad policial, más unas elecciones críticas a menos de dos meses de distancia, lo último que necesitamos es un aspirante a autócrata como Donald Trump pervirtiendo el esfuerzo mundial para crear una vacuna contra la COVID-19. La investigación debe tener solidez científica, debe ser transparente e inclusiva. Toda vacuna así desarrollada debe distribuirse de manera equitativa en todo el mundo y de forma gratuita.