GUATEMALA
El militar y expresidente guatemalteco ha sido declarado culpable de genocidio y crímenes contra la humanidad. Abogados de los militares rechazan el veredicto y anuncian acciones para anular el proceso
Un tribunal penal de Guatemala condenó la semana pasada al exdictador José Efraín Ríos Montt a 50 años de cárcel por genocidio y a otros 30 por crímenes de guerra perpetrados por el Ejército en contra del grupo étnico ixil entre 1982 y 1983. El exjefe de Inteligencia Militar José Rodríguez Sánchez fue sin embargo absuelto de los mismos delitos al considerar el tribunal que “no tuvo injerencia” en las operaciones militares contra los indígenas. Ríos Montt, de 86 años, ha sido trasladado a prisión preventiva.
Nada más conocer la sentencia, Ríos Montt calificó el proceso de “show político internacional que afecta el alma y el corazón de los guatemaltecos” y añadió que se le condenó “bajo supuestos que no tienen ninguna sustentación”. “No es un juicio imparcial”, concluyó, y acusó al tribunal de dictar una sentencia esperada por intereses foráneos.
La sentencia de hoy no cierra el proceso. Su futuro queda ligado a recursos de apelación que los abogados anunciaron que elevarían ante instancias superiores, incluso antes de conocerse el veredicto.
La inminencia del veredicto, no podía ser de otra manera, monopolizó la actualidad en este país centroamericano. Por la mañana, el presidente, Otto Pérez, quien participaba en un acto social, dijo que su gobierno respetaría el veredicto, fuera cual fuera. Añadió que este juicio ha permitido mandar un mensaje importante al mundo: “Guatemala avanza dentro del respeto a los valores democráticos. Hace 20 años un proceso de esta naturaleza era, sencillamente, impensable”, subrayó.
Para Hellen Mack, cuya hermana Mirna fue cosida a puñaladas por sus investigaciones antropológicas sobre la represión en el altiplano indígena, este juicio marca un antes y un después eh la historia jurídica de Guatemala. En primer lugar, porque es la primera vez que los indígenas han tenido la oportunidad de hacer oír su voz y ser escuchados en un tribunal. Añade que para los guatemaltecos, el proceso ha tenido la virtud de demostrar que se puede llegar a la verdad y la justicia sin recurrir a la violencia y, finalmente, porque constituye una auténtica prueba de fuego a la Justicia, en esta ocasión bajo la lupa de la comunidad internacional.
La activista humanitaria Iduvina Hernández comentó que el hecho de sentar en el banquillo a un hombre como Ríos Montt, “es un avance tan importante que pasará mucho tiempo antes de que los guatemaltecos logren comprender la magnitud de este hecho”.
Al margen de la sentencia, el hecho de enjuiciar a un ex jefe de Estado por delitos tan graves como genocidio ha servido para “avivar las brasas nunca apagadas de la guerra civil”, en palabras de Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes, independiente). “El juicio ha reavivado la polarización y evidenciado que el atrincheramiento persiste”, dijo a EL PAIS por vía telefónica.
Matanza de 1,771 indígenas
Ríos Montt, y quien fuera su jefe de inteligencia militar (G-2), Mauricio Rodríguez, estaban acusados de ordenar la matanza de 1.771 indígenas de la etnia Ixil en diferentes operativos realizados por el Ejército en el norteño departamento (provincia) de Quiché, entre 1982 y 1983, durante el mandato de facto del viejo militar.
Ríos se ha convertido en el tercer jefe del Estado guatemalteco llevado a juicio. El primer antecedente se remonta a Manuel Estrada Cabrera, el dictador que inspiró la novela El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias, y quien murió en la cárcel en septiembre de 1924, tras ser defenestrado por el Congreso que lo declaró “demente”.
El otro ex presidente enjuiciado es Alfonso Portillo Cabrera, sujeto a un proceso de extradición a Estados Unidos, donde un tribunal de nueva York lo reclama por utilizar bancos estadounidenses para lavar del orden de USD80 millones, malversados del erario guatemalteco durante su gobierno (2000-2004).
Otros militares que ejercieron el poder durante el conflicto armado, como Carlos Arana Osorio (1970-1974), Kjell Eugenio Laugerud (1974-1978) o Fernando Romeo Lucas García (1978-1982), han muerto. Sobrevive Humberto Mejía Víctores, quien tras derrocar a Ríos Montt en agosto de 1983 abrió el proceso democratizador, y cuyo enjuiciamiento fue cancelado tras sufrir un ataque cerebral que lo dejó incapacitado para declarar.
El debate empezó el 19 de marzo. Declararon 98 testigos. Entre los presentados por la fiscalía, 54 denunciaron la reiterada tendencia de los militares a quemar las cosechas y apropiarse de los animales domésticos de las poblaciones que ocupaban, sin más objetivo que matar de hambre a una población que era considerada sustento de la guerrilla, dentro de la tenebrosa teoría de la seguridad nacional patrocinada por Washington.
Con todo, los testimonios más aterradores fueron los presentados por 16 mujeres víctimas de violaciones masivas y reiteradas por parte de la tropa, con agravantes de crueldad como que los actos fueran ejecutados delante de sus maridos, hijos pequeños y en algunos casos delante la comunidad entera, como advertencia de lo que podría ocurrirles a los campesinos que decidieran colaborar con la guerrilla. (Fuente: José Elías, El País)