En Estados Unidos, fiscales generales de ocho estados han presentado una demanda contra el Departamento de Educación, en la que acusan a dicha agencia de recortar ilegalmente más de 600 millones de dólares en subvenciones federales para programas de formación docente que ya habían sido asignadas por el Congreso estadounidense.
El Gobierno de Trump congeló los fondos en febrero, alegando que estos se utilizan para promover lo que denominó “ideologías divisivas” como el antirracismo.
El jueves, varios senadores demócratas, incluido Chris Murphy del estado de Connecticut, criticaron duramente los reportes de que Trump tiene previsto firmar una orden ejecutiva para eliminar el Departamento de Educación.
Senador Chris Murphy: “Si el Departamento de Educación cierra sus puertas, dicho cierre perjudicará a millones de familias en este país. Esto simplemente permitirá que se roben los recursos de las familias comunes para llenar los bolsillos de los multimillonarios.
Pero también es posible que un día se despierten y descubran que la escuela primaria local a la que asisten sus hijos e hijas es propiedad de una empresa de capital privado que se encuentra al otro lado del país y cuya finalidad es obtener ganancias”. (Fuente: Democracy Now)
