Los senadores republicanos abandonaron abruptamente el jueves la ciudad de Washington D.C. para el receso del Día de los Caídos sin emitir su voto acerca de un proyecto de ley de conciliación presupuestaria de 72.000 millones de dólares destinado a financiar durante tres años al Servicio de Inmigración y a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Esa cifra se suma a los 170.000 millones de dólares que el Congreso ya asignó el año pasado a dichas agencias.

Esto se produce al tiempo que el presidente Trump enfrenta una creciente oposición entre los republicanos por sus planes de utilizar fondos públicos para construir un salón de baile en la Casa Blanca valuado en 1.000 millones de dólares, y por el anuncio del Departamento de Justicia de crear un fondo reservado de casi 1.800 millones de dólares cuya finalidad será compensar a los simpatizantes de Trump que afirman haber sido indebidamente investigados o procesados en Gobiernos anteriores.
Varios participantes destacados de la insurrección del 6 de enero de 2021, así como los desacreditados políticos George Santos y Rod Blagojevich, ya han dicho públicamente que intentarán recibir parte de ese fondo.

El jueves, senadores republicanos se reunieron a puerta cerrada con el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche. El portal periodístico The Hill informa que la reunión se convirtió en “un festival de gritos” después de que Blanche se negara a limitar quiénes podrían recibir pagos del fondo. El senador republicano del estado de Carolina del Norte Thom Tillis calificó el plan como una “estupidez monumental”.
Senador Thom Tillis: “Inevitablemente nos colocará en una situación en la que el dinero de los contribuyentes podría terminar compensando a alguien que agredió a un agente de policía, admitió su culpabilidad, fue condenado y recibió un indulto. ¿Ahora vamos a pagarle por eso? Eso es absurdo. El pueblo estadounidense va a rechazar esto de plano”.

Mientras tanto, congresistas demócratas han presentado una legislación para bloquear el nuevo fondo reservado del Departamento de Justicia de Trump. Un proyecto de ley redactado por el congresista del estado de Maryland Jamie Raskin prohibiría el uso de fondos federales para respaldar las compensaciones y limitaría los pagos al respecto. Otra propuesta legislativa plantea un impuesto del 100% sobre futuros beneficiarios. (Fuente: Democracy Now)
